Freedom to Operate o la Licencia Social para Operar

Existe una relación entre el riesgo socio-ecológico experimentado e interpretado por las comunidades locales y los riesgos comerciales experimentados e interpretados por las corporaciones o compañías privadas; es una relación poco analizada en Colombia a pesar de que los conflictos entre unas y otras son persistentes y numerosos, especialmente en territorios donde hay compañías con operaciones a gran escala, riesgos que con la trazabilidad correcta pueden ser calculados en pérdidas para ambas partes: dinero, tiempo, acceso a servicios ecosistémicos entre otros. 

La convicción de que aprender es fundamental para crear soluciones a la medida de los problemas de los territorios en los que hacemos presencia, ha llevado a Fundación  Synapse a trabajar en la estructuración de un concepto medible para calcular  Freedom to operate, o Licencia Social para Operar, que ayude a analizar la relación entre los riesgos socio-ecológicos  a los que hacen frente las comunidades y su impacto en los costos operativos de las compañías que ejecutan actividades en esos mismos territorios. 

El concepto de licencia social para operar nació a finales de los 90’s, como mecanismo para entender el grado de aceptación comunitario de los proyectos de minería a gran escala.  En Colombia, ha sido asociada a las actividades de extracción de carbón y algunas compañías como el Cerrejón intentaron trabajar bajo este concepto en la primera década de 2000’s; una década después, lejos de disminuir los conflictos entre comunidades y corporaciones, ha pasado la frontera del sector extractivo, haciéndose evidentes no solo en diversos sectores industriales (especialmente energía, petroquímico, construcción, gestión de residuos) e incluso en sector servicios asociados por ejemplo al turismo, por no mencionar servicios públicos de regulación a cargo de entidades del Estado. Por ahí vamos y se seguirán sumando otros.

Hablamos de riesgos socio-ecológicos para traer la atención sobre la relación de las comunidades con su territorio y los ecosistemas presentes en los territorios que habitan; se ha excluido el rol de determinador o actor principal que juegan las corporaciones[1], posiblemente bajo el temor de ser señalados, pero eso ha ocasionado que no se analice el problema a fondo y por tanto no se puedan diseñar mecanismos para solucionarlo, mas allá de tratar los síntomas en lugar de la causa.

Si bien el conflicto entre una empresa y la comunidad puede generar los mismos efectos amplios que los causados por problemas técnicos, disputas contractuales o regulatorias, o fallas ambientales o de seguridad (como una reducción o suspensión de las operaciones), por lo general no recibe atención ni recursos equivalentes.  En el estudio realizado por Rachel Davis y Daniel Franks se analizaron más de 50 casos de conflictos alrededor del mundo, hallaron que “los costes más frecuentes fueron los derivados de la pérdida de productividad por paradas temporales o retrasos. Por ejemplo, un importante proyecto minero de clase mundial con un gasto de capital de entre 3 000 y 5 000 millones de USD sufrirá costos de aproximadamente 20 millones de USD por semana debido a retrasos en la producción en términos de valor actual neto (NPV), en gran parte debido a la pérdida de ventas”[2]. 

En cada caso en que hemos acompañado a una compañía a entender su relación con las comunidades, para mejorar la perspectiva en sus relaciones, hemos encontrado que  impactos ambientales, como la contaminación, suelen precipitar o desencadenar conflictos, mientras que las cuestiones sociales y económicas más amplias (como la distribución de los beneficios del proyecto o la calidad de los procesos de consulta en curso de la empresa) suelen ser la base de las situaciones de conflicto.

Escuchar, vincularse y aprender, a medida que más lo practicamos, vamos comprendiendo como entender mejor a “la otra parte” y atravesar situaciones complejas, creando nuevas formas de conversación, que lejos de ser restrictivas allanan el camino para una plataforma de soluciones que siempre esté activa, en función de las prioridades de los actores involucrados. Barrer debajo del tapete, o ignorar lo que no queremos ver sale caro.